El senador estadounidense Ron Wyden está presionando a los Departamentos de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de Justicia (DOJ) de Estados Unidos para que expliquen cómo y por qué están recogiendo ADN de inmigrantes, incluidos niños, a escala masiva.
Wyden se ha enfrentado esta semana a ambos organismos para exigirles que expliquen el alcance, la legalidad y la supervisión de la recogida de ADN por parte del gobierno. En cartas enviadas al DOJ y al DHS, el demócrata de Oregón también criticó lo que describió como una "expansión escalofriante" de un sistema en crecimiento y opaco, acusando a los funcionarios de la administración Trump de ocultar incluso datos básicos sobre su funcionamiento.
Citando datos recientes que muestran que el DHS tomó muestras genéticas de aproximadamente 133,000 niños y adolescentes migrantes, información revelada por WIRED en mayo y obtenida mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información presentada por Georgetown Law, Wyden señala que el gobierno no ha proporcionado ninguna "justificación para la recolección permanente de las muestras de ADN de los niños".
Miles de niños están en la base de datos criminal
Sus perfiles de ADN residen ahora en el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS), una base de datos del FBI utilizada históricamente para identificar a sospechosos de delitos violentos. Los críticos sostienen que el sistema, que conserva la información indefinidamente por defecto, nunca estuvo destinado a albergar datos genéticos de detenidos por inmigración civil, especialmente de menores.
En los últimos cuatro años, el DHS ha recogido ADN de decenas de miles de menores, entre ellos al menos 227 niños de 13 años o menos, según datos del propio gobierno. La inmensa mayoría de los perfilados, más del 70%, eran ciudadanos de solo cuatro países: México, Venezuela, Cuba y Haití. "Al incluir el ADN de estos niños en el CODIS, sus perfiles serán consultados cada vez que se realice una búsqueda en la base de datos. Estos niños serán tratados por las fuerzas del orden como sospechosos en cada investigación de cualquier delito futuro, indefinidamente", escribe Wyden.
El gobierno de EE UU lleva años situando a los no ciudadanos a la vanguardia de un régimen de vigilancia genética masiva, recogiendo ADN casi exclusivamente de inmigrantes bajo custodia civil, al tiempo que lo introduce en sistemas construidos principalmente para el seguimiento de delincuentes. Un análisis reciente del Georgetown Law Center on Privacy and Technology revela que solo en los últimos cuatro meses se han procesado y añadido al CODIS más de un cuarto de millón de muestras de ADN, acelerando la transformación de esta herramienta de lucha contra la delincuencia en un almacén de ADN de inmigrantes.
Wyden ha pedido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que faciliten información detallada sobre cómo y con qué autoridad legal se recogen, almacenan y utilizan las muestras de ADN. Además, ha solicitado datos sobre el número de muestras recogidas, especialmente de menores, y ha instado a los funcionarios a enumerar las políticas que rigen actualmente en el DHS en relación con la coacción, la eliminación y el intercambio de datos genéticos.
"Cuando hace más de dos décadas el Congreso autorizó las leyes relativas a la recogida de ADN por parte del gobierno federal, los legisladores pretendían hacer frente a los delitos violentos. No se pretendía que el gobierno federal recogiera y conservara permanentemente el ADN de todos los no ciudadanos", indica Wyden. Por su parte, Natalie Baldassarre, portavoz del DOJ, reconoció que la agencia había recibido la consulta de Wyden, pero declinó hacer más comentarios.
El DHS no respondió a una solicitud de comentarios sobre su práctica de recoger ADN de niños.
Medidas de vigilancia que también afectarán a los ciudadanos estadounidenses
El Centro de Privacidad y Tecnología, que investiga las tecnologías de vigilancia emergentes y su impacto en las libertades civiles, sostiene que la agresiva recogida de ADN por parte de la agencia no es más que un nodo de un esfuerzo más amplio por redefinir la labor policial mediante el uso masivo de datos biométricos y de comportamiento. En un informe de 2024, afirmaba que la vigilancia genética no tiene "ninguna utilidad en las operaciones de control de inmigración tal y como funcionan en la actualidad", sugiriendo que esta práctica es un trampolín para normalizar el uso de perfiles genéticos en el trabajo policial cotidiano.
David Cole, experto en derecho constitucional, señaló que este cambio ocurrió a raíz de los abusos cometidos por el gobierno estadounidense tras el 11 de septiembre: "Las medidas dirigidas inicialmente a los no ciudadanos pueden volver a perseguirnos a todos". Los estudiosos de la vigilancia también han observado ampliamente que las nuevas tecnologías, especialmente aquellas con potencial invasivo, suelen desplegarse contra grupos vulnerables antes de normalizarse en toda la sociedad.
Los inmigrantes, bajo este régimen, son con mayor frecuencia el objetivo de la recopilación de datos biométricos porque, en su mayoría, carecen de poder político y son incapaces de resistirse a ser elegidos como sujetos de prueba en programas de vigilancia que, una vez implantados, rara vez conservan su alcance original. "La vigilancia con la que el gobierno federal experimenta con los inmigrantes se desplegará inevitablemente mañana contra los ciudadanos", advierte Anthony Enríquez, vicepresidente de defensa de los derechos humanos en la organización Robert F. Kennedy Human Rights.
"El proyecto del gobierno federal de recogida masiva de ADN y vigilancia genética de los inmigrantes ya ha empezado a repercutir en los ciudadanos estadounidenses. Es un camino más corto que nunca, desde la vigilancia hasta la criminalización, y de ahí a un centro de detención en la Luisiana rural o una megaprisión en El Salvador", concluye Enríquez.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.
