Una operación de las autoridades migratorias de Estados Unidos en dos granjas de cannabis con licencia en California ha generado indignación, protestas y una muerte. La redada, que tuvo lugar el jueves en las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo y Carpinteria, terminó con la detención de aproximadamente 200 personas, al menos un trabajador fallecido y una serie de acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
La víctima mortal fue un trabajador que cayó desde más de nueve metros de altura en un invernadero mientras intentaba huir, lo que le provocó una fractura cervical. Fue hospitalizado en estado crítico y falleció este viernes, según informó el sindicato United Farm Workers (UFW), organización fundada en 1962 por César Chávez y Dolores Huerta para defender los derechos de los trabajadores del campo. “El deceso ocurrió por las heridas ocasionadas ayer en incumplimiento de la ley de inmigración”, denunció el sindicato en su cuenta oficial de X.
Las redadas fueron ejecutadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en colaboración con otras agencias federales, con órdenes de registro en mano, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las autoridades afirman que encontraron a diez menores inmigrantes en las instalaciones —ocho de ellos no acompañados— y que varios ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por obstrucción. “Nuestros valientes agentes seguirán haciendo cumplir la ley”, sostuvo un portavoz del DHS al ofrecer reporte sobre los hechos.
El operativo estuvo marcada por el caos. Testigos reportaron el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los trabajadores, lo que dejó al menos 14 personas heridas, cinco de ellas hospitalizadas. Una barrera de agentes armados, entre ellos miembros de la Guardia Nacional enviados por orden del presidente Donald Trump, impidió el acceso a las instalaciones desde las dos de la tarde. La tensión se extendió hasta la noche, con trabajadores aún retenidos y cientos de personas manifestándose a las afueras de la granja.
“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadunidenses, interrumpen la cadena de suministro de alimentos, amenazan vidas y separan familias”, denunció la UFW. Algunos trabajadores—incluidos ciudadanos estadounidenses— denunciaron haber sido retenidos por más de ocho horas y obligados a borrar imágenes y videos de sus teléfonos antes de ser liberados, informó la organización.
Glass House Farms, por su parte, aseguró en un comunicado que los agentes actuaron con órdenes válidas y que la empresa está brindando representación legal a los trabajadores detenidos. La compañía opera más de 50 hectáreas de cultivo legal de cannabis en la zona y es una de las mayores productoras del sector en el estado.
En medio de la agitación, el presidente Trump dijo en Truth Social que “matones arrojaban piedras y ladrillos a agentes del ICE”, en referencia a un video no verificado, y ordenó: “Detengan a esos babosos usando cualquier medio que sea necesario”. También otorgó “autorización total” para que los agentes se protegieran.
“Es muy triste. Estaba ahí detrás cuando han llegado. Ninguno estaba haciendo nada malo. Solo estaban trabajando en los campos”, declaró Darria Rosalez al canal KTLA, en busca de su primo.
La supervisora del quinto distrito de Ventura, Vianey Lopez, reconoció que “es una situación muy desafortunada” y admitió que no sabían cuántas personas habían sido detenidas. “Es una situación en curso muy preocupante para la seguridad de quienes se manifiestan con rabia y decepción”, declaró.
Las autoridades federales también ofrecieron una recompensa de 50,000 mil dólares por información que conduzca al arresto de una persona que habría disparado un arma contra agentes durante los operativos. La cifra de detenidos representa el mayor número de arrestos en un solo día en la historia reciente de California, según El País.
Las instalaciones de Glass House permanecieron cerradas el viernes. La compañía publicó un escueto comunicado en redes afirmando que cooperó con las autoridades y que brindará más información si es necesario. Mientras tanto, las comunidades migrantes y organizaciones de derechos civiles exigen transparencia y rendición de cuentas tras una jornada que, según denuncian, dejó cicatrices físicas y emocionales difíciles de borrar.
